La clase política colombiana. Necesitamos un cambio.
Desde que tengo uso de razón recuerdo escuchar en las noticias acerca de dirigentes públicos que incurren en delitos, homicidios, despojos, desfalcos, secuestros, sobornos, etc., y no recuerdo que alguno de esos culpables haya pagado una pena judicial adecuada para la medida de sus desmanes. -Esos políticos siempre son así, una partida de ladrones- escuchaba a los adultos decir, pues bien, hoy el panorama no es muy distinto, solamente que ahora creo que la solución necesita algo más que tener un justo, completo y organizado sistema judicial, nuestro país necesita gente integra moralmente en el poder.
Hace unos días se suscitó un escándalo de la supuesta corrupción que inmiscuye a personajes de la rama legislativa y judicial colombiana “En una grabación de 48 minutos que está en poder de la Fiscalía y a la que tuvo acceso EL TIEMPO, el abogado Víctor Pacheco Restrepo acusó al magistrado Jorge Pretelt y al exmagistrado Rodrigo Escobar Gil de estar detrás de la supuesta exigencia de 500 millones de pesos para que la famosa tutela de Fidupetrol fuera fallada a favor de esa empresa.” (Política El Tiempo, 2015).
Esta noticia permite conocer la acusación que dicho jurista confiesa al Magistrado Luis Ernesto Vargas en contra del Magistrado Pretelt, presidente de la Corte Constitucional y de su homónimo Rodrigo Escobar Gil acerca de un manejo turbulento de dineros para favorecer fallos de tutelas. A partir de las evidencias de este caso específico, se puede entrever que existe una costumbre deshonrosa entre algunos funcionarios de las ramas judicial y legislativa colombianas basada en el flujo de dineros y el favorecimiento laboral entre ellos y sus familias para realizar convenios en fallos judiciales que convienen a sus intereses y no a los del Estado que defienden.
-Está bien, nadie es perfecto, los políticos son así, para eso está el sistema judicial, para que cada uno pague según su deuda…- He ahí el problema “la justicia en Colombia cojea a la hora de aplicarla a los magistrados de las altas cortes y pareciera que fungir este honor es garantía de impunidad. Por ese motivo, pensar en la probabilidad de que el caso del magistrado Jorge Pretelt pueda ser resuelto por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es una utopía.” (Barbosa, 2015)
“Si nos detenemos a analizar las cifras que fueron presentadas por la Corporación Excelencia de la Justicia y que fueron publicadas por la revista Semana, observamos que desde 1992 al 2014 se han presentado 3.496 denuncias ante dicha comisión.” (Barbosa, 2015). Existe un problema en el sistema judicial colombiano a la hora de juzgar a los funcionarios del poder público que cuentan con fuero. Según el Doctor Francisco Barbosa “…De todos los casos, solo uno llegó a la plenaria de la Cámara y fue el proceso 8.000” (2015). El autor demuestra que en los 24 años transcurridos desde 1992 hasta el 2014 el 99,97 de los juicios llegados a la Comisión de Acusación han quedado archivados o sin resolver,
La Constitución Política de 1991 fue estructurada para la protección de la clase política colombiana. Refiriéndose a las cifras dadas anteriormente el autor afirma que “Estos datos muestran un mecanismo jurídico creado por la Constitución de 1991 para garantizar el “no castigo”. Su existencia y su práctica animan a que funcionarios con fuero no sean objeto de sanción y la justificación de esto se explica por tres variables.” (Barbosa, 2015).
Respecto a dicha comisión, Barbosa cuestiona su eficacia argumentando tres situaciones, “La primera, por la existencia inveterada de una clase elitista que, atada a variables de poder, sigue en estructuras hereditarias y señoriales de sujeción. La segunda, por la inaplicación del principio de igualdad. La tercera, por el hecho de que el juzgador, en este caso la Comisión de Investigación y Acusación, está compuesta por representantes que no tienen la calidad académica y la trayectoria de los acusados.” (Barbosa, 2015)
Mientras los colombianos consientes demuestran su indignación a causa de lo sucedido, algunos medios de comunicación hablan de posibles soluciones. Por un lado algunos hablan de cambios, la reforma a la justicia o la asamblea constituyente “La reforma a la justicia puede ser un camino adecuado para cambiar la manera de escoger magistrados, tratando de adecentar la función judicial. Otra alternativa es la Asamblea Constituyente, con la cual se crean nuevos mecanismos de selección, elección y observación, dando un cambio radical a los actuales magistrados. El tribunal de aforados debería reemplazar a la mísera Comisión de Acusación.” (Barbosa, 2015). Mientras se perpetúe la clase dirigente tradicional colombiana no habrá reforma que valga para evitar la justicia.
Por otro lado, algunos medios de comunicación se presentan escépticos a reformas argumentando que no se debe generalizar a todos los funcionarios de la rama judicial como agentes faltos de ética. En sus noticias, aunque perciben la necesidad de soluciones a un caso de fondo, avalan la opinión del Presidente Santos, que no es necesaria una reforma judicial o una asamblea constituyente, “…respaldamos uno de los mensajes centrales del mandatario: la necesidad de castigar a los responsables por sus conductas individuales, sin poner en entredicho la integridad de las instituciones. Es comprensible que muchos ciudadanos, ante la degradación intelectual y ética que sufre la política nacional (con honrosas excepciones, por supuesto), respalden quitar a los parlamentarios la capacidad de participar en la designación de magistrados en las cortes. Y que apoyen reemplazar la Comisión de Acusaciones de la Cámara por un Tribunal de Aforados. El reto, en tal caso, es establecer qué mecanismos de control democrático se aplicarían al poder judicial, más allá de la autorregulación y los procedimientos internos de investigación.” (Redacción El Heraldo, 2015)
Es innegable que un país con ideales democráticos como Colombia necesita un cambio, cambio que trasciende los acuerdos a los que se puedan llegar en reformas judiciales o asambleas constituyentes, la transformación depende de los hombres que gobiernen. Nuestro país está gimiendo por hombres justos, que amen la verdad, honestos, sin tacha, que amen su país y a sus compatriotas, sólo cuando esos hombres y mujeres lleguen al poder existirá un cambio en la clase política colombiana.
